Domingo, 21 de Diciembre del 2025
Tasa vial bajo la lupa: el caso Baradero y las claves para pensar los caminos rurales en San Vicente
San Vicente — 20 de diciembre de 2025 —
Una nueva disputa entre productores rurales y gobiernos municipales volvió a instalarse en la agenda bonaerense: ésta vez en Baradero, donde un fallo judicial obligó al municipio a explicar en detalle en qué se gasta la llamada “tasa vial”, un tributo que se cobra a los campos para el mantenimiento de los caminos rurales que conectan la producción con la economía regional. El caso judicial, impulsado por la Sociedad Rural local, obliga a transparentar el uso de los fondos y abre un debate que ya cruza varios distritos de la provincia.
La tasa vial —una tasa de contraprestación y no un impuesto general— significa que el dinero recaudado debería volver directamente en obras concretas sobre la red de caminos rurales. Pero, como señalaron productores y sus abogados, en muchos municipios la información sobre ejecución de obras, montos destinados y resultados reales es incompleta, opaca o insuficiente.
Baradero: números que no cierran
En Baradero, el abogado que representa a los ruralistas alertó que el municipio recaudó, entre lo que ingresa por la tasa vial y los fondos específicos que asigna la coparticipación provincial, alrededor de 800 millones de pesos, de los cuales solo una fracción —poco más de 100 millones— fue informada como destinada al mantenimiento de caminos rurales. Esa discrepancia es uno de los ejes del reclamo:
“Si cobrás eso y los caminos no están en condiciones, claramente hay un problema”, resumió el letrado.
El expediente ordenó la entrega de información que no suele ser fácil de consultar en los boletines oficiales y que, hasta ahora, no arroja claridad completa sobre cuánto exactamente se recauda y cuánto realmente se invierte en la red vial rural del partido.
Municipios bonaerenses y el mapa de tensiones rurales
Baradero no es un caso aislado. Reclamos similares, tanto administrativos como judiciales, se multiplican en otros distritos con distintas características, desde General Alvarado en la Costa Atlántica hasta Henderson en el oeste provincial, donde las ruralistas también exigen acceso a información y rendición de cuentas del uso de la tasa.
En municipios como General Guido, productores denunciaron aumentos de tasas que superaron el 300% sin mejoras visibles en la transitabilidad.
Otra problemática recurrente es la falta de mantenimiento real: quejas de ruralistas de Bolívar describen caminos intransitables, locales aislados por lluvias y obras prometidas que nunca llegan.
San Vicente: ¿qué pasa con los caminos rurales?
En San Vicente, el debate sobre la tasa vial y los caminos rurales no es nuevo. Desde hace años existe tensión entre productores y el intendente Nicolás Mantegazza por la transitabilidad de estas vías. En varios tramos, los productores debieron autoorganizarse para poner material, sanear tramos y entubar desagües, porque la condición de los caminos afecta no solo el transporte de insumos y producción, sino el acceso a servicios básicos y la vida cotidiana del interior.
Además, un caso emblemático es el del puente El Portugués, una estructura vial que está en peligro de derrumbe desde hace más de seis años y cuya reparación aún no se concretó a pesar de las alertas comunitarias. Este puente —crítico para la conectividad rural— se volvió símbolo de las dificultades acumuladas en la gestión de infraestructura básica.
¿Quién debe hacerse cargo?
La controversia deja planteadas preguntas que exceden lo técnico:
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¿Debe el municipio gestionar y ejecutar directamente el mantenimiento de todos los caminos rurales?
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¿Es razonable que se cobre la tasa vial si la contraprestación efectiva es insuficiente o inexistente?
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¿Podría San Vicente adoptar modelos de gestión compartida entre Estado y productores, donde parte del aporte en especie (mano de obra, uso de maquinaria, materiales) se descuente de los tributos, transformando al productor en parte activa de la obra?
En otros distritos hubo avances de este tipo: por ejemplo, en Veinticinco de Mayo se acordó con la ruralidad que la tasa vial se pague en cuotas y se instalen comités de caminos con participación activa del sector.
Transparencia, participación y sostenibilidad
La experiencia de Baradero demuestra que cuando la Justicia obliga a rendir cuentas, se puede abrir un espacio de transparencia que facilite el diálogo entre productores, intendencia y concejo deliberante. En San Vicente, una mayor rendición clara de cuentas, acompañada de instancias de decisión participativa para definir prioridades de obra y formas de contribución (dinero, maquinaria, insumos), podría ser una respuesta eficaz a un problema estructural que hoy divide a sectores y genera incertidumbre sobre la efectividad de lo que se recauda.
Si se acepta que la tasa vial es una contrapartida por un servicio específico, entonces la comunidad y sus representantes podrían exigir con mayor fuerza que esa contraprestación se traduzca efectivamente en caminos transitables, seguros y sostenibles. INFOREDES seguirá de cerca cómo evoluciona este debate en San Vicente y otros municipios bonaerenses.
ED 008