Por Agustín Arechavala

Las lluvias del último fin de semana volvieron a poner sobre la mesa una discusión que cada invierno se repite en San Vicente, Cañuelas, Brandsen y gran parte de la región: el estado de los caminos rurales. Pero esta vez no por un fenómeno climático inevitable, sino por una conducta que puede evitarse.

Mientras cientos de productores, trabajadores rurales, docentes, alumnos y familias esperan que los caminos se recuperen para poder desarrollar su vida cotidiana, hay quienes eligen esos mismos caminos para jugar con motos y cuatriciclos, aprovechando el barro como si se tratara de un circuito recreativo.

El problema no es menor. Cada huella profunda que dejan estos vehículos dificulta el tránsito de quienes realmente necesitan circular. Un camión que transporta alimentos para animales, un productor que debe sacar su cosecha, una ambulancia, un docente que tiene que llegar a una escuela rural o un vecino que simplemente necesita volver a su casa dependen de esos caminos.

Durante este fin de semana, y tras denuncias de vecinos, la Policía Rural retuvo a dos personas que circulaban en cuatriciclos por caminos rurales de San Vicente. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, se investiga si habrían infringido la normativa municipal vigente, aunque las actuaciones continúan y no trascendieron mayores detalles.

De momento ninguno de los dos sujetos son del distrito, y los cuatriciclos quedaron retenidos por falta de cedula y licencia, justo en esto consiste la multa realizada por la direccion de transito de San Vicente; no obstante tampoco la autoridad hace incapie en la sancion por el daño causado.

Más allá de lo que determine la investigación, el hecho vuelve a abrir un debate que trasciende cualquier expediente.

El propio Municipio recuerda, a través de campañas de concientización, que se encontraria vigente una Ordenanza Municipal (Segun un flyer informativo la Nro. 1585/81) que prohíbe la circulación de camiones y tractores por caminos de tierra durante las 72 horas posteriores a lluvias superiores a los 10 milímetros, precisamente para preservar el estado de la red vial rural. Esa restricción busca proteger una infraestructura esencial para la producción y para quienes viven en el campo.

Si existe una preocupación por el deterioro que puede generar un vehículo de trabajo, resulta razonable preguntarse cuánto daño puede producir una circulación recreativa, reiterada y sin ninguna necesidad.

No se trata de demonizar a quienes practican actividades recreativas con motos o cuatriciclos. Existen espacios adecuados para hacerlo. Lo que no parece razonable es convertir caminos públicos, indispensables para la producción y la vida cotidiana de cientos de familias, en un lugar de entretenimiento.

Muchas veces se reclama por el estado de los caminos rurales. Se exige al Estado que los repare, que los mantenga y que invierta recursos. Ese reclamo es legítimo. Pero también existe una responsabilidad ciudadana: cuidar aquello que es de todos.

Porque un camino rural no es solamente un camino. Es la conexión entre un productor y su trabajo. Entre un alumno y su escuela. Entre un vecino y un hospital. Entre una comunidad y sus oportunidades.

La lluvia es inevitable. El daño provocado por la irresponsabilidad, no.