El caso que involucra a la escribana María del Valle Labarere sumó durante el fin de semana un nuevo capítulo: sus oficinas profesionales de 9 de Julio 103, en pleno centro de San Vicente, fueron vandalizadas.

En el frente del inmueble aparecieron pintadas insultantes, entre ellas la sigla “HDP”, en un hecho que ahora deberá ser investigado por separado.

El episodio se produce mientras la causa por el perro que terminó atrapado en el paragolpes del vehículo de Labarere avanza en la Justicia y la profesional debe presentarse este martes ante la Fiscalía para prestar declaración y conocer cómo continuará su situación procesal.

¿Qué analiza la Justicia?

El punto central de la investigación será determinar si los hechos pueden encuadrar en la Ley 14.346, de Protección de los Animales contra los Malos Tratos y Actos de Crueldad.

La norma establece en su artículo 1 que quien infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a un animal puede ser reprimido con 15 días a un año de prisión. 

Y hay un aspecto particularmente relevante para este caso: el artículo 3 considera actos de crueldad “lastimar y arrollar animales intencionalmente”, así como causarles torturas o sufrimientos innecesarios. 

Esto no significa que Labarere ya haya sido declarada responsable de un delito. Será la investigación judicial la que deberá establecer qué ocurrió, qué sabía la conductora, cuánto tiempo permaneció el animal atrapado y si existió una conducta penalmente reprochable.

Nuevos testimonios podrían complicar el escenario

En las últimas horas trascendió que podrían incorporarse nuevos testimonios a la causa.

Según esas versiones, habría personas que declararían que la conductora habría advertido que había ocurrido un impacto y, pese a ello, continuado su marcha. También se analiza la existencia de testimonios sobre el momento en que el vehículo fue finalmente detenido en inmediaciones del Club Deportivo San Vicente y sobre el trato que habría recibido el personal que intervino.

Estos testimonios, de incorporarse formalmente al expediente, deberán ser valorados por la Fiscalía junto con las imágenes y demás elementos de prueba.

La cuestión adquiere especial relevancia porque, de comprobarse que una persona sabía que llevaba un animal gravemente herido y aun así decidió continuar circulando sin detenerse, la discusión judicial ya no giraría únicamente alrededor de un accidente de tránsito, sino sobre una eventual conducta frente al sufrimiento del animal.

La reacción social cruzó una línea

El caso generó una fuerte indignación en San Vicente. En redes sociales se acumularon cientos de comentarios, pedidos de justicia, llamados al boicot de la actividad profesional de la escribana y publicaciones dirigidas contra ella.

También circularon convocatorias para manifestarse durante la jornada de este martes. Algunas publicaciones incluso plantearon acciones violentas contra la profesional, algo que debe ser claramente rechazado: una investigación penal no habilita escraches, amenazas ni agresiones físicas.

La situación llegó incluso al vandalismo de sus oficinas.

Entre las organizaciones que difundieron el reclamo aparece Proyecto Galgo, que promovió acciones de visibilización ante organismos públicos y autoridades. En las primeras horas del caso también se habían difundido acusaciones en redes contra funcionarios municipales, a quienes algunos usuarios atribuían una supuesta protección hacia Labarere.

No hay elementos que permitan sostener esa acusación. La escribana ejerce su actividad profesional de manera privada y no se conoce vínculo alguno que permita atribuirle una protección política.

Una ONG busca intervenir en la causa

Además, trascendió que la organización Cinco Corazones analiza presentarse como particular damnificado para impulsar la investigación.

La participación de organizaciones vinculadas a la protección animal podría darle mayor impulso al expediente y aportar elementos de prueba, aunque será la Justicia la que determine finalmente las responsabilidades.

¿Qué establece la Ley 14.346?

La legislación argentina diferencia entre maltrato y actos de crueldad.

Entre los primeros, el artículo 2 contempla conductas como no alimentar adecuadamente a animales, someterlos a trabajos excesivos o emplearlos cuando no se encuentran en condiciones físicas adecuadas.

El artículo 3, en cambio, contempla conductas de mayor gravedad, entre ellas lastimar o arrollar animales intencionalmente, provocarles torturas o sufrimientos innecesarios, matarlos por perversidad y organizar riñas de animales. 

La propia información oficial del Estado argentino señala que estas conductas constituyen delitos y que la pena prevista por la Ley 14.346 puede alcanzar un año de prisión. 

La discusión que ahora deberá resolver la Fiscalía es si lo ocurrido con el perro puede quedar comprendido dentro de alguna de esas figuras.

El expediente por las infracciones de tránsito

En paralelo, la escribana registra numerosas infracciones de tránsito que tramitarían en distintos juzgados de faltas.

Según la información disponible, algunas corresponderían a la jurisdicción de La Plata, donde reside, mientras que otras tramitarían en organismos municipales.

Estas infracciones no prueban responsabilidad alguna en el episodio del perro ni forman parte necesariamente de la misma causa penal, pero podrían convertirse en un nuevo frente administrativo y económico para la profesional.

De la indignación a la Justicia

El caso ya produjo un escrache, pedidos de boicot y ahora vandalismo contra sus oficinas. Todo eso, sin embargo, ocurre por fuera del expediente judicial.

La cuestión de fondo deberá resolverse en otro ámbito: la Justicia deberá determinar si hubo un accidente, una conducta negligente o una acción que pueda ser encuadrada como maltrato o crueldad animal.

Mientras tanto, este martes será una jornada clave para conocer qué decisión adopta la Fiscalía y hacia dónde avanza una causa que provocó una fuerte conmoción en San Vicente.

ED112