La planta procesadora de Wade/Cresta Roja, ubicada en Esteban Echeverría, fue escenario de un operativo sin precedentes. Por primera vez, todos los organismos con competencia ambiental ingresaron de manera simultánea para fiscalizar las instalaciones mientras, según denunciaron vecinos, la empresa continuaba generando emanaciones contaminantes.  

Del procedimiento participaron ACUMAR, la Autoridad del Agua (ADA), el Municipio de Esteban Echeverría y organismos de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de un conflicto ambiental que lleva años y que en las últimas semanas volvió a intensificarse por los fuertes olores denunciados en distintas localidades del distrito.  

El presidente de la filial local del CEPIS, Alejandro Cruz, calificó el procedimiento como un “hecho histórico” y sostuvo que el operativo es consecuencia de las denuncias presentadas por vecinos afectados.

“Están ingresando todos los organismos de control a fiscalizar la contaminación de Cresta Roja mientras la planta sigue contaminando”, afirmó.  

Piden la clausura del sector más cuestionado

Los reclamos apuntan principalmente al área de renderizado, donde se procesan plumas, vísceras y otros residuos de la faena avícola para producir harina destinada a alimento balanceado.

Según los vecinos, ese proceso sería el origen de las emanaciones que afectan a barrios de Monte Grande, Luis Guillón, El Jagüel, 9 de Abril y otras localidades cercanas.

Desde el CEPIS sostienen que la única solución definitiva sería la clausura de ese sector específico, sin afectar las restantes actividades productivas de la planta.  

Un conflicto que lleva años

El operativo se realizó pocos días después de una reunión entre representantes de los organismos de control y vecinos, donde se acordó coordinar acciones conjuntas, revisar multas, inspecciones anteriores y avanzar con nuevas fiscalizaciones.

Las denuncias por contaminación ambiental contra Cresta Roja vienen acumulándose desde hace varios años y motivaron intervenciones municipales, provinciales y de ACUMAR.  

Mientras continúan las investigaciones, los vecinos esperan que las inspecciones deriven en medidas concretas para poner fin a una problemática que, aseguran, afecta la calidad de vida de miles de personas.

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