El presidente comunal de María Teresa, en la provincia de Santa Fe, Gonzalo Goyechea, decidió hacer algo poco habitual en la política local: intimar formalmente a Vialidad Provincial mediante carta documento para exigir obras urgentes en uno de los cruces más peligrosos de la región.

El reclamo apunta al cruce de la Ruta Nacional 8 y la Ruta Provincial 14, un sector clave para la circulación regional donde, según denunció la comuna, existen graves falencias de infraestructura y seguridad vial.

“¡Se va a matar alguien!”, advirtió Goyechea en un duro comunicado público que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios santafesinos.

Desde la comuna detallaron que el sector presenta falta total o insuficiente de iluminación, señalización deficiente, ausencia de rotondas o sistemas de ordenamiento, dársenas en mal estado y una circulación constante de tránsito pesado, especialmente en época de cosecha.

“No hay margen para interpretaciones: el estado actual del cruce es peligroso y las condiciones están dadas para que ocurra un grave siniestro en cualquier momento”, expresaron.

La carta documento enviada a Vialidad Provincial busca dejar asentada formalmente la advertencia y exigir medidas concretas para evitar una tragedia.

Sin embargo, la respuesta del organismo provincial generó aún más enojo. Según trascendió, lejos de asumir responsabilidades, Vialidad respondió con referencias a viejos convenios, expedientes administrativos y cuestiones burocráticas, trasladando parte de la responsabilidad a la propia comuna.

El episodio volvió a poner sobre la mesa un reclamo que se repite en distintas provincias: el deterioro de rutas, accesos y cruces estratégicos mientras municipios y comunas denuncian demoras, falta de obras y abandono estatal.

En el interior productivo, donde el tránsito pesado forma parte de la vida cotidiana, muchos intendentes y presidentes comunales comienzan a endurecer su postura frente a organismos provinciales y nacionales por la falta de respuestas en infraestructura vial.

El caso de María Teresa expuso además una estrategia política poco frecuente: judicializar y documentar formalmente los reclamos antes de que ocurra una tragedia.

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