Publicado en Brandsen
Sábado, 14 de Noviembre del 2026

Tasa vial en Brandsen: 69 productores rurales van a la Justicia y reclaman la inconstitucionalidad de los tributos

Tasa vial en Brandsen: 69 productores rurales van a la Justicia y reclaman la inconstitucionalidad de los tributos

Un total de 69 productores agropecuarios y empresas del partido de Brandsen, organizados bajo la figura de un litisconsorcio activo voluntario, formalizaron una demanda contra la Municipalidad local que ya tramita en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 4 de La Plata.

El reclamo apunta directamente al núcleo del esquema recaudatorio comunal: las Ordenanzas Fiscales e Impositivas vigentes —con especial foco en los períodos 2024 a 2026— que regulan la Tasa de Servicios para la Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial y la Tasa por Control de Marcas y Señales (Guías de Traslado).

Los demandantes exigen la declaración de inconstitucionalidad y la inaplicabilidad de los tributos por considerar que se convirtieron en impuestos encubiertos carentes de causa legal.

El eje del conflicto: ¿Tasa o impuesto sin contraprestación?
El núcleo de la presentación técnica elaborada por el letrado patrocinante radica en un principio elemental del derecho tributario: no hay tasa sin servicio.

Según se desprende del expediente, los productores sostienen que la comuna desatendió sistemáticamente sus obligaciones de mantenimiento vial, dejando los caminos rurales intransitables e impidiendo el normal acceso a los establecimientos productivos, la salida de cosechas y la circulación cotidiana. 


El reclamo profundiza en dos frentes principales:

  • La Tasa Vial y la progresividad indebida: La gabela no se calcula en función de un costo retributivo mensurable o del uso real de los caminos, sino mediante una escala progresiva basada en la superficie (cantidad de hectáreas). Para los demandantes, este mecanismo mimetiza el tributo con un impuesto inmobiliario adicional de índole provincial, configurando una doble imposición confiscatoria que vulnera el artículo 17 de la Constitución Nacional. 
  • Las Guías de Traslado y el avance digital nacional: En cuanto al cobro por el control de marcas y señales, la demanda subraya que la exigencia de montos fijos por cabeza de ganado perdió toda razón de ser jurídica y técnica. Con la implementación del Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) y el sistema SIGSA gestionado de manera centralizada por el SENASA, el municipio no realiza ninguna inspección física ni sanitaria real. La intervención local se redujo a un mero visado burocrático y redundante, transformando el arancel en una suerte de aduana interior que interfiere con el comercio interjurisdiccional. 


Los argumentos legales y la carga de la prueba
La acción judicial interpuesta busca sortear los rigorismos formales al encuadrarse como una pretensión declarativa de certeza, eximiendo a los actores del agotamiento previo de la vía administrativa y del pago previo (solve et repete), amparándose en las excepciones contempladas en el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires. 


Asimismo, la demanda pone el listón sobre la carga probatoria, apoyándose en la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de tribunales provinciales.

Los productores exigen que sea el municipio (comandado por Fernando Raitelli) quien rinda cuentas y demuestre fehacientemente —mediante pericias contables e ingenieriles sobre el sistema RAFAM y el estado de la maquinaria— en qué se gastan los fondos recaudados, advirtiendo que gran parte de los recursos terminarían financiando rentas generales o áreas ajenas a la red vial.

El proceso judicial en el Contencioso Administrativo Nº 4 abre ahora un compás de espera donde la administración comunal deberá responder al requerimiento de informes y antecedentes, en un pleito que promete marcar un fuerte precedente para el vínculo fiscal entre los municipios bonaerenses y el sector agropecuario. 

Al dia de esta nota, la causa aun no cuenta con el correspondiente traslado a la Comuna, la cual al no ser notificada aun, no tiene deber ni plazos para contestar en el Expediente.  

La SRSB convoco a diversas reuniones, y acerco la propuesta del Abogado Jorge Eduardo Moroni, pero no es parte del juicio ni ejerce la representacion colectiva. 


ED134