Mientras en Cañuelas el municipio y los productores firmaron un acuerdo histórico para trabajar juntos en la mejora de los caminos rurales, en Brandsen el conflicto escaló hasta los tribunales.

Dos municipios vecinos, dos estrategias completamente diferentes y un debate que también interpela a San Vicente.

La discusión por los caminos rurales volvió a quedar en el centro de la agenda regional.

En apenas una semana, dos noticias reflejaron modelos opuestos de gestión frente a un mismo problema que afecta a productores, transportistas, contratistas, familias rurales, escuelas y servicios de emergencia.

Por un lado, la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, logró alcanzar un acuerdo con la Sociedad Rural local para implementar un sistema de mantenimiento compartido de la red vial rural.

Por otro, en Coronel Brandsen, la Sociedad Rural anunció que avanzará judicialmente contra el municipio luego del veto del intendente Fernando Raitelli a la ordenanza que creaba una comisión para administrar y supervisar los caminos rurales.  

El modelo Cañuelas: diálogo, acuerdo y corresponsabilidad

El convenio firmado entre la Municipalidad de Cañuelas y la Sociedad Rural permite que los productores realicen trabajos de mantenimiento en los caminos rurales que utilizan diariamente.

A cambio, podrán presentar la documentación de las obras ejecutadas y obtener hasta un 75% de descuento en la tasa de Red Vial. El sistema contempla además la contratación de proveedores locales y un mecanismo de control mediante fotografías y certificaciones de los trabajos realizados.  

El acuerdo parte de una realidad conocida: la extensa red vial rural requiere inversiones permanentes y los recursos municipales suelen resultar insuficientes.

La diferencia es que en Cañuelas la discusión terminó en una mesa de trabajo y no en un expediente judicial.

El modelo Brandsen: del diálogo a los tribunales

La situación en Brandsen tomó el camino inverso.

Tras años de reuniones, propuestas y reclamos, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que creaba una Comisión de Administración y Mantenimiento de Caminos Rurales.

Sin embargo, el intendente Fernando Raitelli decidió vetarla.  

La decisión generó un fuerte malestar en la Sociedad Rural de Coronel Brandsen, una de las entidades más activas de la región, que además viene impulsando encuentros permanentes con productores, proyectos institucionales y la formación de jóvenes dirigentes a través de su ateneo rural.

El resultado fue contundente: la entidad anunció que promoverá acciones judiciales para reclamar por el estado de los caminos y por la falta de herramientas de participación en la administración de los recursos viales.  

Mientras desde el Ejecutivo sostienen que la ordenanza era inviable sin modificaciones y defienden un esquema alternativo vinculado a la explotación de una tosquera municipal, los productores consideran que se perdió una oportunidad histórica para construir consensos.  

Una señal política difícil de ignorar

El contraste entre ambos municipios es inevitable.

Mientras Fassi consiguió transformar un reclamo histórico en un acuerdo institucional, Raitelli enfrenta hoy una confrontación abierta con buena parte del sector productivo local.

Y el costo político podría no ser menor.

La cuestión de los caminos rurales atraviesa a toda la comunidad productiva de Brandsen y se instala como uno de los principales temas de debate de cara al futuro político del distrito.

¿Y San Vicente?

La comparación regional abre además un interrogante inevitable para San Vicente.

El distrito comparte muchas de las problemáticas que enfrentan los municipios vecinos: extensas zonas rurales, caminos afectados por lluvias, tránsito pesado, producción agropecuaria y una creciente demanda de infraestructura.

Si bien la gestión municipal ha realizado intervenciones y trabajos de mantenimiento, productores y vecinos coinciden en que todavía no aparece una solución estructural y definitiva.

Los arreglos suelen depender de las condiciones climáticas, la disponibilidad de maquinaria y los recursos del momento.

Por eso, la experiencia de Cañuelas vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que excede a cualquier color político:

¿Es momento de pensar nuevos modelos de gestión compartida entre municipios y productores para garantizar caminos transitables durante todo el año?

La respuesta, al menos en la región, parece empezar a dividir aguas entre quienes apuestan al acuerdo y quienes terminan discutiendo en la Justicia.