Después de meses de reclamos, reuniones, cruces institucionales y un creciente malestar entre los productores, la Sociedad Rural de Coronel Brandsen parece haber tomado una decisión: avanzar por la vía judicial.

En los últimos días se realizó una reunión entre productores rurales y el abogado constitucionalista Jorge Moroni, integrante del equipo jurídico que lidera el ex presidente de CARBAP, Juan Pedro Merbilháa, con el objetivo de analizar las herramientas legales disponibles frente a la situación de la red vial rural del distrito.

La propuesta presentada durante el encuentro contempla abrir un registro de productores interesados en participar de la acción judicial hasta el próximo 15 de junio.

Según pudo saber INFOREDES, la estrategia jurídica elegida sería una Acción Declarativa de Certeza, una herramienta que busca que la Justicia determine si existe o no una situación de ilegalidad o incumplimiento respecto de las obligaciones vinculadas a la tasa vial y la prestación del servicio.

En la región existe un antecedente, ya que es el mismo tipo de acción utilizada por el abogado Agustín Arechavala en su planteo contra ARBA por cuestiones tributarias desde San Vicente. 

¿Quién es Jorge Moroni?

La elección del profesional no es casual.

Moroni se transformó en uno de los abogados más reconocidos de la provincia de Buenos Aires en materia de litigios vinculados a tasas municipales y caminos rurales.

Junto al equipo de Merbilháa obtuvo fallos considerados históricos en distritos como Azul y Daireaux, donde la Justicia cuestionó distintos mecanismos de recaudación municipal y ordenó devoluciones a productores rurales.

En Daireaux, la Justicia entendió que la tasa vial sólo puede exigirse cuando existe una contraprestación efectiva del servicio, generando un precedente que hoy es seguido atentamente por entidades rurales de toda la provincia.

En Azul, además, logró la nulidad de una tasa municipal que obligaba a productores agropecuarios a financiar gastos urbanos sin vinculación directa con la actividad rural.

Su postura jurídica es clara y consistente: las tasas municipales deben tener una contraprestación concreta y demostrable.

“No había visto un avasallamiento tan grosero de la Constitución por parte de un municipio”, llegó a afirmar Moroni durante una entrevista vinculada a uno de esos expedientes.

Más recientemente, el abogado viene recorriendo distintas Sociedades Rurales bonaerenses explicando herramientas judiciales para aquellos distritos donde los productores consideran que pagan tasas sin recibir los servicios correspondientes.

El trasfondo del conflicto en Brandsen.

La tensión entre la Sociedad Rural de Brandsen y la gestión del intendente Fernando Raitelli no es nueva.

Durante los últimos meses las diferencias se profundizaron a partir del debate por los caminos rurales y por el veto municipal a una ordenanza que había sido trabajada durante años entre productores, dirigentes rurales y concejales.

Para buena parte del sector agropecuario local, aquella decisión representó una señal negativa respecto de la posibilidad de construir consensos.

Desde el Municipio sostienen una visión diferente sobre las herramientas necesarias para administrar la red vial y garantizar los recursos para su mantenimiento.

Sin embargo, el conflicto parece haber ingresado en una etapa distinta; que capitalizarán propios y extraños. 

Dentro del distrito asoman quienes quieren capitalizar el costo politico dentro del propio espacio del oficialismo, mientras que las fuerzas opositoras están expectantes sobre él desenlace del juicio. 

En síntesis,  lo que hasta ahora se discutía en reuniones, comunicados y debates políticos podría llevar a la gestión Raitelli ante los tribunales.

Un fenómeno que crece en toda la Provincia.

Lo que ocurre en Brandsen no es un caso aislado.

En distintos puntos de Buenos Aires comenzaron a multiplicarse los reclamos de productores vinculados al estado de los caminos rurales y al destino de los fondos recaudados mediante tasas viales.

CARBAP viene acompañando varios de esos procesos y los recientes fallos obtenidos en Azul y Daireaux fortalecieron la idea de que la discusión también puede darse en sede judicial.

Por eso la reunión realizada en Brandsen fue observada con atención por dirigentes rurales de toda la región, salvo Cañuelas donde la intendenta Fassi logró un acuerdo con el sector. 

La pregunta ahora es si el Municipio abrirá una nueva instancia de diálogo antes del 15 de junio o si finalmente la disputa terminará en los tribunales.

Lo que parece claro es que la Sociedad Rural decidió cambiar de estrategia y llevar la cuestión a los tribunales. 

Y cuando en la mesa aparece un abogado que ya consiguió fallos históricos contra municipios bonaerenses, el mensaje adquiere un peso diferente.