La crisis política que atraviesa la gestión del intendente Fernando Raitelli acaba de sumar un nuevo capítulo. Y esta vez no se trata de una discusión política ni de un cruce en redes sociales.

Detrás del ultimátum lanzado por la Sociedad Rural de Coronel Brandsen aparece un nombre que comienza a generar preocupación dentro del oficialismo: Jorge Moroni.

Para muchos vecinos puede tratarse de un abogado desconocido. Para varios municipios bonaerenses, en cambio, su nombre está asociado a juicios perdidos por los intendentes, fallos adversos y millonarios reclamos vinculados a tasas y servicios públicos.

Moroni integra el equipo jurídico encabezado por el ex presidente de CARBAP, Juan Pedro Merbilháa, y desde hace años se especializa en litigios vinculados a tasas municipales, caminos rurales y tributos considerados ilegales o sin contraprestación efectiva.

El antecedente que inquieta a Brandsen

Uno de los casos más resonantes ocurrió en Azul.

Allí, Moroni representó a decenas de productores rurales que cuestionaron una tasa municipal creada para financiar distintos servicios urbanos. La Justicia terminó declarando la nulidad de la medida y ordenó la devolución de los fondos cobrados por el Municipio.

La Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata ratificó posteriormente el criterio y consolidó un precedente que hoy observan con atención entidades rurales de toda la provincia. 

Daireaux: otro fallo favorable

El segundo antecedente relevante se registró en Daireaux.

Según explicó el propio Moroni, la Justicia determinó que una tasa vial no podía cobrarse cuando el Municipio no acreditaba la efectiva prestación del servicio por el cual se exigía el pago.

La discusión giró sobre un principio básico del derecho tributario municipal: las tasas deben tener una contraprestación concreta.

Ese fallo es considerado hoy uno de los antecedentes más importantes para los reclamos vinculados al estado de los caminos rurales. 

Una frase que recorrió la provincia

Moroni no suele utilizar medias tintas.

Durante uno de los litigios iniciados contra el Municipio de Azul declaró:

“Nunca había visto un avasallamiento tan grosero de la Constitución por parte de un Municipio”.

La frase tuvo fuerte repercusión en ámbitos jurídicos y rurales y terminó convirtiéndose en una referencia obligada para quienes siguen este tipo de conflictos. 

Los caminos rurales y el conflicto con Raitelli

La tensión entre la Sociedad Rural de Brandsen y la gestión de Fernando Raitelli viene escalando desde hace meses.

El veto municipal a la ordenanza que creaba una comisión específica para caminos rurales profundizó el malestar de los productores, quienes ahora evalúan avanzar judicialmente.

La aparición de Moroni en Brandsen no parece un dato menor.

En abril de este año encabezó reuniones con entidades rurales de 16 localidades bonaerenses y fue presentado como el abogado que logró fallos favorables en Azul y Daireaux frente a reclamos por tasas y servicios rurales. 

Un problema político para Raitelli

Más allá de lo judicial, el conflicto comienza a tener consecuencias políticas.

Mientras los productores endurecen su postura, sectores opositores reclaman explicaciones sobre la administración de los recursos vinculados a los caminos rurales.

La UCR local, referenciada en el ex intendente Daniel Cappelletti, mantiene una fuerte actividad de control y fiscalización desde el Concejo Deliberante, impulsando pedidos de informes y cuestionamientos sobre distintas áreas de gestión.

En paralelo, dentro del propio oficialismo empiezan a escucharse voces críticas sobre decisiones adoptadas por el Ejecutivo, en un contexto donde la gestión enfrenta crecientes dificultades para sostener consensos.

El antecedente en la región

El escenario también encuentra otro dato llamativo.

En la región sigue de cerca el proceso impulsado por el abogado Agustín Arechavala contra ARBA y el gobierno bonaerense, una acción que muchos productores observan como un posible antecedente relevante en materia tributaria.

Aunque se trata de causas diferentes, ambos expedientes reflejan una tendencia cada vez más marcada: conflictos que antes se discutían políticamente ahora comienzan a trasladarse a los tribunales.

La cuenta regresiva

La Sociedad Rural de Brandsen fijó plazo para reunir a los productores interesados en sumarse a la acción judicial.

Si finalmente la demanda avanza, Raitelli no enfrentará solamente un reclamo institucional.

También deberá responder ante un abogado que ya consiguió fallos resonantes contra municipios bonaerenses y que hoy se transformó en una de las principales referencias jurídicas del sector rural.

Y eso, en medio de un clima político cada vez más complejo, no parece ser una buena noticia para el oficialismo.

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